En la noche del 27 de septiembre de 2004, los entonces directivos de la Mutual de UNSJ, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso, planearon reunirse con el ingeniero Félix Tellechea para arreglar un conflicto, al punto de que querían presionarlo con la supuesta evidencia de que habría cometido un delito. ¿Cuál era el conflicto? Que Tellechea, en realidad, conocía de las irregularidades de la entidad, que por entonces presidía Luis Moyano. Pero el ingeniero no asistió al encuentro, por lo que las exautoridades no pudieron solucionar el tema, por lo que, durante la madrugada del día siguiente, «decidieron secuestrarlo», utilizando los servicios del expolicía Alberto «Lali» Flores, quien «fue el último recurso para evitar que Tellechea ejerciera su poder de incriminación pública contra los exdirectivos», destacó el fiscal federal Francisco Maldonado en su escrito para que la causa vaya a juicio. Además, describió las maniobras para ocultar el destino de la víctima y para desviar la investigación, conductas en las que habrían incurrido el exjefe de Policía, Miguel González; el exjefe de Seguridad Personal, Mario León; el arrepentido Sebastián Cortez Páez, la empleada de la Mutual Aurora Ahumada y el exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.

En un extenso y pormenorizado requerimiento, Maldonado plasmó la acusación contra los imputados, la cual se leerá en el juicio. En su planteo, sostuvo que, en este caso, «se actuó con apoyo del Estado», al punto de que este «actuó sobre sus instituciones a fin de que los responsables de la desaparición de Tellechea no pudieran ser investigados ni sancionados».

En ese punto, hizo hincapié en el papel de la Policía, comandada por González, y el rol de funcionarios públicos que tenían al momento del hecho, Moyano y Oro. El primero era secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano y era el presidente de la Mutual. De acuerdo a la acusación, tenía un estrecho contacto con el expolicía «Lali» Flores, quien se dedicaba a realizar seguimiento clandestino de personas, espionajes y amenazas. Para el fiscal, «Flores participó del secuestro de Tellechea» y no sólo eso sino que «presionó y amenazó a testigos con el objetivo de presentar a la víctima (Tellechea) como un prófugo de la Justicia».

En ese marco, a dos días de la desaparición, Moyano, Del Castillo, Oro y Alonso firmaron una denuncia contra Tellechea por supuesta defraudación contra la Mutual, pero el fiscal señaló que fue una denuncia falsa, cuyo único fin fue «desviar la investigación». Así, durante años, se sostuvo la hipótesis, con el apoyo de la Policía, de que el ingeniero se había escapado de la Justicia, «lo que llevó a que los principales sospechosos fueran el desaparecido, sus familiares y allegados». A su vez, el fiscal remarcó que el comisario León y el entonces jefe de Policía no siguieron la pista del conflicto entre el ingeniero y los directivos de la entidad, a pesar de que los familiares y allegados a la víctima habían aportado ese dato casi inmediatamente en la causa.

Como el objetivo era mantener la idea de que Tellechea huía de la Justicia, Maldonado reflejó que, a través de una escucha telefónica, el expolicía le contaba a su esposa que, en una reunión que tuvo con Moyano, éste le dijo que Del Castillo quería hablar con él para unificar las declaraciones en la Justicia de las personas que trabajaban en la Mutual. Así, el fiscal señaló que se comprueba «la operación de Moyano, Flores y los demás exdirectivos en el ocultamiento de la suerte de Tellechea».

Entre el personal de la Mutual está Ahumada, quien, según el fiscal, con su declaración «incorporó elementos falsos», como que sólo el ingeniero tenía los conocimientos informáticos para hacer la defraudación en la Mutual y que contaba con la facilidad para salir del país.

Además, Maldonado sostuvo que fue cierto lo que le dijo Cortez Páez a un hijo de Tellechea en un encuentro entre ambos. Se trata del arrepentido, quien le contó detalles del secuestro, cautiverio y muerte de su padre, debido a que fue una de las personas que lo cuidó en un departamento del Barrio San Martín.

• Tras las contramarchas, los pasos finales

Tras el requerimiento del fiscal Maldonado, el juez federal Leopoldo Rago Gallo debe elevar la causa a juicio, el cual realizará el Tribunal Oral Federal de San Juan. La causa se inició en el Segundo Juzgado Correccional de la provincia como búsqueda de persona, aunque luego pasó al Primer Juzgado de Instrucción. Tras años de dilaciones, el expediente pasó a la Justicia Federal, en donde tuvo el avance actual. En el medio, mutualistas denunciaron a la gestión de Moyano y Del Castillo. Hubo procesamientos, pero, tras apelaciones y recursos en distintas instancias, los imputados terminaron sobreseídos en la Justicia provincial.

INFORME DIARIO DE CUYO.