Pese al insistente planteo de las defensas de varios ex funcionarios Kirchneristas, al que después se plegó la asesoría letrada de Cristina Kirchner, la Cámara de Casación resolvió que la Ley del Imputado Colaborador es constitucional. Lo hizo rechazando estos pedidos porque no se trataran de sentencias definitivas, que sí revisa la Casación. La discusión se libró en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, donde la principal acusada es la vicepresidenta. De esta manera se convalidó el status con el que cuentan los 31 arrepentidos del expediente y se propinó un duro golpe a la estrategia K para voltear el caso.

El voto de la Sala I fue mayoritario: los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron tratar el pedido de declarar inconstitucional la norma, y su colega Ana María Figueroa votó por hacerlo. Con el fallo del máximo tribunal penal, el expediente seguirá su curso hacia el debate oral.

La causa en la que Cristina Kirchner está procesada  y enviada a juicio oral como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, cuenta con 31 imputados colaboradores. Se trata, según la Justicia, del mayor “escándalo de corrupción de los últimos 20 años”.

La discusión se centró primero en cómo se aplicó la Ley que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri tras una iniciativa de Sergio Massa. El principal reclamo era que los testimonios no fueron filmados ni grabados. El articulado bajo cuestión de la normativa, habla de la obligación de registrar las confesiones a través de “medios técnicos idóneos”, algo que se prestó para diversas interpretaciones. Para el fiscal Carlos Stornelli bastaba con las actas firmadas por los imputados y sus respectivos abogados. Después venía la instancia de homologación ante el juez Bonadio. Esto llevaba arraigado otro tema: si los imputados mentían, no sólo perdían todos los beneficios, sino que además quedaban acusados por un delito mayor: falso testimonio agravado.

Sin embargo, las defensas de Julio De Vido, el empresario Juan Carlos Lascurain y Camilo Gómez remarcaron que no era suficiente el acta de colaboración como respaldo de los dichos de los arrepentidos, poniendo bajo la lupa cómo se realizaron aquellas confesiones: según ellos, podrían haber sido direccionadas o bajo coacción. Fueron más allá y sostuvieron directamente que la Ley era inconstitucional. Por eso, con el expediente ya elevado a juicio oral, la discusión llegó hasta la Cámara de Casación. A esos planteos adhirieron luego varios abogados en representación de otros imputados.

La decisión es un durísimo golpe para la vicepresidenta y sus ex funcionarios acusados por el sistema de coimas que habría funcionado habitualmente bajo los anteriores gobiernos K.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no hicieron lugar a los planteos. En el fallo de 200 páginas, Barroetaveña se remitió al respaldo de constitucionalidad que la Ley del Arrepentido y los dichos de los 31 colaboradores tuvieron en la Cámara Federal porteña, instancia de apelación anterior a la Casación.

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