Después de cinco años desde el exhorto enviado por el juez federal Sebastián Casanello, la justicia de Estados Unidos remitió una importante cantidad de información vinculada a la compañía Odebrecht, implicada en el mega proceso por corrupción brasileño Lava Jato. Según pudo saber Clarín, los informes ingresados al caso que investiga el circuito de sobornos en relación a una planta potabilizadora de AySa corroboró la participación de Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario en la estructura de pagos ilegales.

Mientras el gobierno de Alberto Fernández busca darle continuidad a la obra del soterramiento de la traza del tren Sarmiento -una obra investigada por sobornos, licitada en reiteradas ocasiones durante la gestión kirchnerista y mencionada en el caso de los Cuadernos de las Coimas-, la justicia recibió nueva documentación que corrobora una estructura que había reconstruido el juez Casanello en uno de los expedientes sobre la firma Odebrecht que tramita en Comodoro Py.

En este caso, ya enviado a juicio oral hace casi dos años, se investigaron las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui, o “Planta del Bicentenario”.

La construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, Supercemento -16,66%-, Benito Roggio e Hijos -16,67%- y José Cartellone Construcciones Civiles, con una participación de 16,66%.

El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora Sistema Berazategui, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas Camargo Correa -60%- y Esuco-40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.

Según estableció el juez Casanello, se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.

​​Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.

Los ilícitos ocurrieron entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos.

En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recae sobre los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por “probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas”.

Allí entraron De Vido, López, Baratta y Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros, todos acusados de cohecho. El juez Casanello dio por acreditadas “las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas”.

Por ello, los empresarios ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron ahora acusados de “corruptores”, es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicación de obras.

La documentación proveniente de la justicia de Estados Unidos corroboró lo ya dicho por el juez Casanello. Puntualmente en lo referido al circuito de sobornos que involucraron a Jorge “corcho” Rodríguez.

Según la justicia, hubo tres órdenes de pago vinculadas a la obra Paraná de las Palmas: una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese año, por 67.289 dólares, 18.000 dólares y 25.000 dólares. “En el sector “codinome”, que es el apodo asignado al destinatario, figuran “Rio Grande”, “Cavalo” y “Raúl Seixas”, siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces CEO de Odebrecht en Argentina”, explica la resolución.

El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht “se debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner”, señaló Casanello en su momento. El mismo se extendió entre 2011 y 2014, y “tuvo como intermediario, en este caso, entre funcionarios y empresarios a Jorge Ernesto Rodríguez quien, a través de la firma uruguaya Sabrimol Trading S.A, recibió una totalidad de 6.450.000 dólares“.

“Durante la instrucción se dio por corroborado la ruta de las coimas. Ahora la nueva documentación viene a respaldar lo ya señalado”, explicaron fuentes de la causa a Clarín.

Los pagos ilegales bajo investigación se realizaban con cheques de la empresa Sabrimol, y se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara Federal es que dichos fondos ilícitos llegaban a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA. Esta ruta del dinero ilegal también fue avalada por los informes enviados desde Estados Unidos.