Hay una frase del fiscal, que repitió casi cotidianamente. “Lázaro Báez es Néstor y Cristina Kirchner”, reiteró como si fuera un mantra. ¿Quería decir, acaso, que Báez es el testaferro del matrimonio presidencial? Si se lo escuchó bien al fiscal, Luciani dijo que Báez es (o era) más que un testaferro. En cualquier oficina de la administración pública en la que se presentaba (Vialidad de Santa Cruz, Vialidad Nacional, la AFIP o el Banco Nación, entre otras) provocaba que todos los empleados se pusieran de pie y le concedieran en el acto cualquier requerimiento. ¿Lo hacían por ese hombre sin pasado, un exempleado bancario que fungía de monotributista cuando los Kirchner llegaron al poder? No. Era porque todos los empleados públicos sabían que detrás de él estaban Néstor o Cristina Kirchner. “Era como el gerente general de una empresa cuyos dueños eran los Kirchner”, señala un funcionario judicial que interpreta a Luciani. Báez era el centro de una asociación política para sustraerle dinero al Estado, según se desprende de las exposiciones del fiscal. Pero sus jefes eran quienes estaban al frente del Estado, quienes decidían cuánto dinero estatal se invertiría en obras públicas y cuáles serían esas obras públicas. El dinero no era de Báez, a tal punto que en su testamento indica que su familia no puede hacer uso de su herencia durante los 30 años posteriores a su fallecimiento. El diseño de la conspiración contra el Estado fue casi perfecto, pero nada es perfecto. Sobre todo, cuando fueron imperfectas las obras, los contratos y los pagos al amigo presidencial.

El diseño de la conspiración fue casi perfecto, pero nada es perfecto. Sobre todo, cuando fueron imperfectas las obras, los contratos y los pagos al amigo presidencial

¿De cuánto dinero estamos hablando? Según la estimación que hizo Luciani, de la mano de Báez se fueron del Estado unos 2500 millones de dólares, aunque colaboradores suyos aclararon que fue una estimación mínima del saqueo. Pudo haber sido mucho más. Con todo, hay otros perjuicios que no son mensurables en dinero. Muchas de las obras públicas, por las que Báez cobró y no realizó, eran necesarias para la sociedad de Santa Cruz, que sigue sin contar con ellas. Esos miles de millones de dólares podrían haberse invertido en hospitales o escuelas que la gente común necesita. O en perfeccionar y dotar de equipos eficientes a las fuerzas de seguridad en un país que perdió la noción de la seguridad. Los estragos que promovió la dolosa maniobra de los Kirchner a través de Báez tienen alcances mucho más amplios que la operación corrupta en sí misma.

Otra novedad que dio el largo alegato de Luciani es que Cristina Kirchner nunca fue inocente de nada. Se cayó una vieja y falsa leyenda, según la cual ella se enteró de que su esposo hacía negocios non sanctos cuando él murió. De hecho, habría sido imposible, si ese relato fuera cierto, que Báez hubiera seguido haciendo negocios después de que Néstor Kirchner dejara de ser presidente. Y los siguió haciendo. Cristina Kirchner sucedió a su esposo en la presidencia en 2007 y Néstor Kirchner murió tres años después, en 2010. Solo en 2013, luego de un informe periodístico en el programa de Jorge Lanata sobre las andanzas de Báez, los negocios de este y de los Kirchner comenzaron a tomar distancia. Báez dejó, por ejemplo, de administrar los hoteles de El Calafate, que eran unos de los lugares donde se lavaba el dinero de la obra pública. Hasta ese momento, y desde 2007, quien ordenaba las obras de Báez era Cristina Kirchner. A partir de 2015, cuando el gobierno nacional cambió de mano, las empresas de Báez se derrumbaron. Sin los Kirchner, sus supuestas empresas no eran nada. Pero ya había comprado tierras en Santa Cruz, cuya inmensa extensión es comparable a 20 veces la Capital Federal del país. Esas son las propiedades de las que su familia no puede disponer luego de su muerte. ¿Quiénes son los dueños, entonces? Los Kirchner, según se deduce del alegato del Luciani.

Hay otras dos causas concatenadas con esta: la llamada “ruta del dinero K” y la de Hotesur y Los Sauces. La primera causa está investigando de nuevo la participación de Cristina Kirchner, y la segunda tomó otro ritmo a partir de que el viernes pasado la Cámara de Casación decidió convocar a las partes (fiscal y defensores) a exponer sus posiciones. En el caso de Hotesur y Los Sauces sucedió algo inédito en la historia penal de la corrupción política: un tribunal oral decidió, por dos votos contra uno, sobreseer a la expresidenta sin juicio previo. Inocente, sin que haya existido un juicio. Ridiculeces de la Justicia argentina. Cristina Kirchner se sintió tan fuerte que recusó a la única jueza que votó para que se realice el juicio, Adriana Paliotti, quien señaló en soledad que en la ruta del dinero K podría estar el delito precedente de Hotesur y Los Sauces. La recusación de Paliotti fue rechazada y será la única de los tres jueces que podrá seguir integrando ese tribunal si se realizara el juicio por lavado de dinero en hoteles y edificios de los Kirchner. Otro juez de ese tribunal, Daniel Obligado, ya opinó sobre el fondo de la cuestión, cuando sobreseyó a la vicepresidenta. El tercero, Adrián Grünberg, tan benévolo como Obligado, era un subrogante al que se le terminó el período en ese tribunal. En rigor, la causa de Vialidad que lleva Luciani tiene relación con la ruta del dinero K, porque esta era la manera de transformar en negro el dinero que el Estado paga necesariamente en blanco. Luego, ese dinero negro se lavaba, para que volviera a estar en blanco, en los hoteles y edificios de Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. Ese era el infame círculo de la corrupción.

Los delitos que expone Luciani son, para la Constitución, tan graves como la interrupción del orden democrático. Su artículo 36 señala específicamente que “atentarán asimismo contra el sistema democrático quienes incurran en graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento”. Imposible mayor claridad para equiparar la corrupción política con la ruptura del orden democrático. A esa sanción constitucional, más allá de las específicas sanciones que impone el Código Penal, debe agregarse la afirmación de Luciani de que hubo un “apagón informativo” al Congreso para evitar que este revisara las obras públicas que arbitrariamente se le adjudicaban a Lázaro Báez. La Constitución llama, para decirlo con palabras simples, golpistas a quienes cometen actos de corrupción contra la administración pública. Pero, además, el gobierno de los Kirchner eludió al Congreso, que es un poder indispensables para la vigencia plena del orden democrático. Por eso, no son pocos los que comparan a Luciani con el mítico fiscal Julio Strassera. Según Luciani, está demostrado que la jefa de semejante asociación ilícita era Cristina Kirchner. Tendremos dos meses por delante con la participación de más de 30 abogados defensores en el juicio oral y público. Será difícil para estos refutar las vastas pruebas que colocaron a Luciani en una página de la historia, cuando dejó de ser definitivamente un hombre común.