Ante la inminente decisión del fiscal Ramiro González de formalizar las imputaciones en el expediente que investiga los ingresos a la quinta de Olivos cuando estaba vigente una estricta cuarentena, el Presidente Alberto Fernández se presentó en el expediente «por derecho propio» y anunció que se representará a sí mismo como abogado. Se puso a disposición de la justicia y ante el juez Sebastián Casanello pidió ser sobreseído.

«El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses. El presidente Alberto Fernández se presentó esta tarde a la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro (4) meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán», con ese breve texto, el Gobierno anunció que Alberto Fernández se presentó en el expediente que investiga el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en Olivos, durante la cuarentena estricta.

Pese a que hace unos días el presidente de la Nación había nombrado a Gregorio Dalbón como abogado, Fernández decidió presentarse ante la justicia sin su patrocinio y así, se puso a disposición.

En el escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello, y al que accedió Clarín, el Presidente pidió ser sobreseído en este caso.

«Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, conforme a lo que se desarrollará, a fin de que, corrida las vista pertinente a la otra parte, se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento», sostiene el escrito del jefe de Estado.

Sostuvo frente a su pedido que la «conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna, declarando en consecuencia que el proceso no afecta mi buen nombre y honor de que gozo».

El objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia», firmó el fiscal el 5 de agosto, cuando dio impulso a la investigación.

En definitiva, en el expediente se busca determinar si las conductas denunciadas «pudieran configurar los delitos previstos en el artículo 205, como el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que establece la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

Al principio, la fiscalía creyó que había elementos suficientes para dar impulso al caso. Esa impresión creció luego de que se difundieran las fotografías y días después los videos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos, de la que participó el Alberto Fernández.

Fabiola Yañez y seis de los participantes de la fiesta cuestionada ya lo hicieron. Además de la Primera Dama, bajo la representación de Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo están Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y Fernando Consagra. En un principio en este grupo también estaban las hermanas Florencia y Rocío Fernández Peruilh, pero Fioribello desistió de la defensa de ambas por «serias divergencias en la estrategia defensista». Las hermanas designaron a Fernando Burlando como abogado.

Mauricio D’Alessandro a sumió la defensa de Stefanía Domínguez, apuntada por el gobierno como la responsable de filtrar la fotografía del cumpleaños de la Primera Dama.

También asumió como defensor de la vestuarista Carolina Marafioti el doctor Alejandro Rúa, abogado de Amado Boudou en el caso Ciccone y defensor de Cristina Kirchner en el caso del Pacto con Irán.

Al colorista Federico Abraham lo defiende el ex juez federal Jorge Ballestero que dejó su cargo en la Sala II de la Cámara Federal porteña después de ordenar la liberación de Cristóbal López en la causa por la defraudación multimillonaria de la firma petrolera Oil Combustibles.