Las hipótesis y sospechas de desabastecimiento de gas para el invierno están disparando cruces y generando tensión entre las alas cristinistas y albertistas del Gobierno. De acuerdo con fuentes oficiales que hablaron con LA NACION, las demoras en la compra de buques de GNL, el atraso en los fondos destinados a la Secretaría de Energía y el panorama internacional conjugan una tormenta perfecta que podría generar problemas de provisión de energía, incluso antes de lo previsto.

La semana pasada el Gobierno no tenía precio para el GNL. “Es el peor de todos los escenarios”, comentó una alta fuente de un despacho público a LA NACION. Ieasa, la empresa que se encarga de hacer las compras al exterior, no había recibido instrucción de la Secretaría de Energía para iniciar las contrataciones.

El procedimiento para hacer la gestión no se había ejecutado. La Subsecretaría de Planeamiento, a partir de un informe con respecto al estado de todo el sector (que incluye producción local, hidraulicidad y energías renovables, entre otras variables) arroja como resultado una conclusión sobre cuánto se debe importar y la prioridad entre combustibles líquidos o el GNL. A partir de ese informe, Darío Martínez, a cargo de Energía, dio la orden para que Ieasa compre. Eso no ocurrió.

Las instrucciones ya deberían haber sido impartidas. “El panorama es muy complicado, incluso teniendo el presupuesto para pagar el GNL”, explicó un funcionario, que prefirió la reserva de su nombre.

Los precios internacionales continúan en niveles altos, a pesar de que descendieron desde su pico máximo de US$140. En el caso del gas, llegó a cotizar US$76 el millón de BTU.

El Gobierno decidió esperar a que bajen los precios, tanto por un ajuste internacional tras la invasión rusa a Ucrania, que disparó los valores, como también para aguardar el efecto de la reducción estacional del precio por el inicio del verano en el hemisferio norte. Sin embargo, hoy cotiza cerca de US$36, más del triple de los valores del invierno pasado.

Surge otro problema, adicional a los altos precios internacionales y la falta de fondos. Incluso disponiendo del presupuesto suficiente, algunos funcionarios dudan de la disponibilidad de gas en el mercado. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia provocaron una reducción en la oferta y un aumento de la demanda, particularmente en Europa occidental. Tuvo como consecuencia que el Viejo Continente “se esté llevando todo el gas”. Hasta que no termine el invierno en el hemisferio norte y la necesidad europea caiga, la Argentina se encuentra en desventaja para hacerse de energía en el exterior.

Desde que se licita hasta que entra el buque a puerto pasan, en promedio, 45 días. Significa que haciendo las compras hoy, no llegarán cargamentos hasta por lo menos la primera semana de mayo. El año pasado, entre abril y mayo llegaron al país nueve de los 56 buques importados en todo el año. Este año se estima que se requerirán unos 70, 15 más que en 2021.

De acuerdo con fuentes del sector, el país debe importar, por lo menos, entre cinco y seis barcos de gasoil por mes en la primera parte del año. Por cada buque se pierden entre US$25 y US$30 millones (la diferencia entre lo que cuestan y el precio al que venden en el mercado doméstico). “¿Quién va a pagar esta cuenta? Todo esto sin contar el gasoil que tiene que importar Cammesa [la compañía con control estatal] para las generadoras eléctricas”, señaló un actor relevante de la industria, quien advirtió que faltará suministro en el invierno.

Por carta, Darío Martínez se dirigió a Martín Guzmán, ministro de Economía y su jefe, -con copia a Alberto Fernández y Juan Manzur- reclamando que sólo había recibido el 20% de los fondos necesarios para los pagos de gas al exterior, tanto por medio de buques como por el gasoducto Juana Azurduy, a través del cual el Estado importa gas desde Bolivia.

“En el ejercicio de mis funciones como Secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculados a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”, sentenció Martínez.

A través de un comunicado, Energía aseguró que acordaron con la Secretaría de Hacienda un aumento en los techos y la planificación financiera para marzo, que “garantiza el funcionamiento del sistema energético en su conjunto, la provisión del gas por redes, la generación de energía eléctrica y el cumplimiento de los programas de pago y las obligaciones de la Secretaría”.

“El Gobierno ahora tendrá la difícil tarea de administrar la escasez, porque no van a importar todo el GNL necesario, ya que no se puede importar a US$70 y vender a US$1,5 o US$2. Esto tendrá un impacto considerable en el sector industrial, donde algunos días habrá que disminuir el suministro”, indicó Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants.

De igual manera coincide Mauricio Roitman, expresidente del Enargas, quien señala que el Gobierno tiene dos opciones malas: que haya desabastecimiento o pagar precios exorbitantes. “Si se importara la cantidad necesaria de GNL a los precios del año pasado, hubiese implicada un costo de US$1300 millones; con los valores actuales, costará US$8500 millones. Lo más probable es que el Gobierno termine usando los US$500 millones que estaban destinados a la construcción del gasoducto”, indicó.