La intervención federal es una institución de emergencia cuya finalidad es restablecer el orden institucional quebrantado o la integridad territorial de una provincia por conflictos internos o ataques exteriores. La Constitución expresa que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno. Esta cláusula es una consecuencia lógica de la exigencia al poder constituyente de las provincias de dictar una ley fundamental bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Solo cuando cumplen con estos requisitos el gobierno federal les garantiza el goce y el ejercicio de sus instituciones. He aquí una síntesis de los artículos 5 y 6 de la Constitución. En suma, se considera que la democracia debe regir en todo el territorio, ya que si en una parte de este impera un sistema autoritario estaríamos frente a una cuasi república. Ante semejante situación, el gobierno federal debe intervenir para asegurar una continuidad institucional plena.

La frágil institucionalidad de nuestro país se ve acentuada en varias de nuestras provincias. En la actualidad ha tomado estado público la situación imperante en Formosa. Se trata de una provincia cuya Constitución contempla la reelección ilimitada del gobernador y del vice. Gracias a esa cláusula, Gildo Insfrán es el gobernador de la provincia desde fines de 1995. Cabe recordar que ella fue impuesta a través de la violencia del gobernador sobre un juez del Tribunal Superior que fue encarcelado para lograr a través de una interpretación falaz que se consumara un atropello institucional que marcaría el advenimiento del Stroessner local.

El cuadro de situación que se deriva de semejante arrebato es alarmante. Han desaparecido la separación de poderes, la independencia de la Justicia, la libertad de expresión, la autonomía municipal. Las elecciones están seriamente viciadas por comportamientos anómalos de los que dan testimonio investigaciones periodísticas que se han sumado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la incautación de los documentos de miembros de comunidades aborígenes poco antes de los comicios con el objetivo de obligarlos a votar por el oficialismo. El otorgamiento de jubilaciones a ciudadanos paraguayos que viven en localidades limítrofes también con la finalidad de lograr que con documentos falsos voten a favor de los candidatos del partido gobernante. Un porcentaje cercano al noventa por ciento de la población depende del Estado, lo que genera prácticas de clientelismo que se han generalizado. Así, existe un verdadero ejército de empleados públicos como producto de políticas que han aplastado deliberadamente el sector privado. El erario provincial depende en un noventa y cinco por ciento de los fondos de la coparticipación federal. Semejante estado de cosas desdibuja, por no decir destruye, el sistema republicano de gobierno para transformarlo en un feudo.

No debería sorprender la política del caudillo en tiempos de pandemia. Ha creado una frontera interior que aísla a la provincia del país, en abierta violación de la Constitución Nacional y de tratados internacionales de derechos humanos que tienen su jerarquía. Ello ha llevado a que miles de formoseños no pudiesen ingresar a la provincia y debieran permanecer en la frontera viviendo en condiciones infrahumanas a la vera del río Bermejo. La desesperación de un padre por ver a su hija a pocos kilómetros de allí lo llevó a atravesar el río y murió ahogado en el intento. Finalmente, una orden de la Corte Suprema nacional exigió el levantamiento de la medida.

El derecho internacional de los derechos humanos resguarda la vigencia de derechos fundamentales en el marco de la emergencia. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 27) como el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, que en su artículo 3° establece: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional”. Luego enumera los derechos que no pueden ser afectados, empezando por la vida. Los dos tratados tienen jerarquía constitucional según el artículo 75, inciso 22 de nuestra Ley Fundamental.

En Formosa, el resguardo de las libertades no solo no está asegurado, sino que está seriamente comprometido. El senador formoseño José Mayans, que preside el bloque del Frente de Todos en el Senado, ha manifestado que en el marco de una pandemia no hay derechos. Se trata de uno de los principales colaboradores de Insfrán. Además, es una de las espadas de Cristina en el Senado. A confesión de parte relevo de prueba. Cuesta creer que un legislador haya expresado semejante barbaridad, que pone de manifiesto de manera brutal su total ignorancia del marco constitucional argentino y la realidad de Formosa en la materia.

La creación de centros de detención para los afectados o sospechados de haber contraído coronavirus ha exteriorizado escenas que nos retrotraen a las peores páginas de nuestra historia de las dictaduras. Maltratos, comida escasa y en malas condiciones, hacinamiento y una crueldad en el trato y la desinformación de los detenidos que cuesta creer, dado el grado de deshumanización de quienes las aplican. Se ha detenido brutalmente a dos concejales por el solo hecho de denunciar la situación imperante en uno de esos centros. La visita del secretario de Derechos Humanos, el activista y militante oficialista, Pietragalla, nos permitió conocer a un funcionario que deshonra al Estado de Derecho. Con un cinismo y sarcasmo brutales calificó de “mal chiste” la consideración de la violación de los derechos humanos en Formosa. Repitió el libreto que le dieron, en el que ponderó el accionar de las autoridades provinciales. Entre sus numerosos antecedentes cabe subrayar su participación en los disturbios que se sucedieron en la Plaza Congreso con motivo de la discusión de la movilidad jubilatoria en el gobierno de Cambiemos, que terminó con la destrucción de ese espacio público. Asimismo, solicitó la liberación de un conjunto de reos, condenados por la comisión de delitos contra la administración pública durante los gobiernos del kirchnerismo.

La situación descripta nos concierne a todos porque el Estado de Derecho debe regir en todo el territorio de la Nación, de lo contrario se ve afectada la democracia en su totalidad. Lamentablemente en la Argentina, Santa Cruz, Santiago del Estero y San Luis también son gobernadas por un sistema feudal que no podemos permitir. Insfrán cuenta con el apoyo del Presidente y de la vicepresidenta. Ni el Gobierno ni el partido oficialista creen en la democracia constitucional. Vaya desafío para los argentinos que luchamos sin tregua por la vigencia de la Constitución y el sistema republicano que ella contempla.

Profesor titular y director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UBA)

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