El juez federal Lino Mirabelli homologó el acuerdo económico propuesto por la vestuarista de Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, quien será sobreseída en el caso que investiga la fiesta que se realizó en la quinta de Olivos en plena cuarentena. Los próximos en utilizar esa misma estrategia serán el Presidente y la primera dama.

«Homologar el acuerdo propuesto por Carolina Marafioti para que repare integralmente el perjuicio ocasionado, mediante el pago de la suma de 200.000 pesos, importe que deberá integrar, dentro del término de cinco días, destinado al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, sito en la localidad de San Fernando», sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

De esta manera se cerró el primer caso vinculado a celebración realizada el 14 julio de 2020 en la quinta presidencial ,cuando en el país regía una estricta cuarentena ordenada por Alberto Fernández. El antecedente no es menor: los demás imputados en el caso podrán apelar a este mismo mecanismo para hacer extinguir la acción penal.

Aquel día los invitados de la primera dama comenzaron a llegar a la quinta de Olivos después de las 20. En ese momento no se podía circular libremente en ninguna parte del país, a excepción de quienes habían sido considerados esenciales. No se podían realizar eventos sociales. Estaba prohibido reunirse.

El festejo en plena cuarentena se conoció un año después, cuando se pidieron los registros de ingreso a la quinta presidencial y tras la aparición de una serie de fotografías y videos de la celebración. Entonces se abrió una causa judicial, de la cual Alberto Fernández es el principal imputado. El delito atribuido junto a los demás participantes de la fiesta es el de violación al decreto que estableció la cuarentena, y en caso del Presidente, también por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

En todo el país se abrieron cerca de 3.000 causas judiciales contra ciudadanos que violaron los sucesivos decretos que crearon y renovaron la cuarentena. En San Isidro, la justicia resolvió varios casos vinculados a la violación de los DNU, acordando con los imputados una reparación económica.

El presidente intentó varias veces que la causa se cerrara. Planteó que los hechos «tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar», que «de ninguna manera se relajaron, evitaron u omitieron las medidas de cuidado de rigor. Y que en ningún caso se concretó el contagio propio, de los presentes, o de terceros».

Pese a sus argumentos, la justicia los consideró insuficientes para cerrar el caso. Pero ahora los imputados comenzarán a realizar acuerdos de reparación económica para así extinguir la acción penal y evitar el juicio oral junto a una eventual condena.

Este miércoles, el juez Mirabelli homologó el acuerdo al que habían arribado la vestuarista de la primera dama, Carolina Marafioti, y el fiscal Fernando Domínguez, a través del cual se arregló un pago equivalente al costo de cinco días de internación en una terapia intensiva de COVID en un hospital público, y por eso se fijó la compensación económica en 200.000 pesos.

En su resolución, el magistrado planteó: «Desde esta perspectiva, dejando a un lado cualquier consideración ajena al ámbito del derecho penal en orden a la repercusión de los sucesos, la solución propuesta para el caso no aparece arbitraria o ilegal, y sin duda importa un reconocimiento y compromiso activo frente al conflicto por parte de la acusada».

Por ese motivo entendió que en función del suceso endilgado a Carolina Marafioti, «su entidad a la luz del bien jurídico supraindividual involucrado, y las condiciones particulares y socioeconómicas de la nombrada, analizadas por el Sr. Fiscal, no puede concluirse fundadamente que el ofrecimiento realizado y acordado conforme las pautas señaladas por el acusador público, sea inadecuado para reparar el perjuicio que habría conllevado su comportamiento».

La estrategia de Alberto Fernández

Con ese antecedente, los próximos que utilizarán la misma estrategia serán el presidente Fernández y su pareja, Fabiola Yañez, según confirmaron desde su defensa a Clarín. Cada acuerdo extingue el delito imputado de manera individual, por eso cada uno hará su propia presentación.

La oferta económica que ofrecerán será superior a los 200.000. «Por encima del doble» cada uno, indicaron a este medio.

Ante la consulta de Clarín, desde la defensa de Yañez a cargo de Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo señalaron que en pocos días ofrecerán «el pago de una reparación integral y luego de eso se extingue la acción penal sobre cada imputado».

Al momento de contabilizar cuánto ofrecerán el Presidente y Yañez, se señaló que se «ofrecerá algo equivalente a algún insumo médico o dias de terapia intensiva en algún hospital público. Esta reparación está prevista expresamente por el propio Código Penal y no haremos otra cosa que adecuarnos a eso mismo