Los abogados más caros no siempre son los que más saben de Derecho. A veces cotizan mejor los que venden tiempo: quienes se mueven entre relojes de arena para prolongar pericias, testimonios, libertades y trámites varios hasta que entre a subrogar aquel juez, que es más amigable.

O hasta alinear los vientos judiciales a los de la política.

La Justicia tiene un mapa de hendijas subterráneas que no todos ven, pero funciona y da ventajas a quienes lo leen.

El camino de un expediente puede preverse. Lo que no siempre se pueden manejar son los resultados.

Por eso el tiempo cuesta tanto.

Cuanto más se estira un proceso, más tarda su definición.

Cuando Nisman apareció muerto tras haber denunciado a Cristina Kirchner, Maximiliano Rusconi -uno de los principales abogados que trabaja para el kirchnerismo- llamó a la jueza Sandra Arroyo Salgado para ofrecerle ser su abogado querellante.

Como la ex mujer de Nisman lo rechazó, Rusconi saltó de vereda y fue abogado de Lagomarsino, acusado de ser partícipe necesario del asesinato del fiscal.

Es decir, el Gobierno de Cristina tenía que entrar en ese expediente como fuera. Si no pudo de un lado (la familia de la víctima) fue del otro (el acusado).

Desde entonces, a fabricar tiempo: que tenía que investigar el fuero ordinario y no el federal, o que los equipos de Lagomarsino no podían ser revisados por el fiscal.

Esos cientos de miles de datos quedaron a disposición judicial recién siete años después de la muerte de Nisman.

En los juicios contra Cristina se ganó un tiempo precioso en sobreseerla sin juzgarla en dos procesos clave: el Pacto con Irán y el de Hotesur-Los Sauces.

Cuando esos casos ya deberían estar encaminados hacia una sentencia -absolución o condena- aún hay un “limbo” para ver si los juicios al final se hacen o no.

Decidirá Casación, en septiembre.

En la causa de Vialidad, Cristina fue denunciada en 2008. Pasaron 8 años hasta que fue procesada y embargada en 10.000 millones de pesos (en 2016), tres años más hasta que empezó el juicio (en 2019) y tres más hasta que los fiscales comenzaron sus alegatos, este mes, pese a varios planteos ante la Corte para que este momento no llegara nunca.

Aunque los cartógrafos del tiempo -que consiguieron nada menos que 14 años- hicieron su parte, la prueba asoma y complica.

Tras nuevos intentos de parar todo buscando “carpetazos” contra sus acusadores -sigue la carrera de búsqueda del tesoro en el entorno de Cristina para preparar “algo” que ensucie a los fiscales o el tribunal más allá de las inocuas fotos del fútbol-, las pruebas documentadas contra la ex Presidenta ganan fuerza y velocidad tras cada jornada.

La exposición del martes sobre los 18 acuerdos comerciales de Lázaro Báez con Néstor y Cristina -por fuera de la obra pública- en los que Báez perdía plata y los Kirchner ganaban fortunas tiene una lógica esencial difícil de rebatir: ¿Quién se asociaría con alguien varias veces para perder repetidamente, si no es porque está ganando algo por otro lado?

Entonces se recordó que dos estaciones de servicio de Lázaro Báez contrataron el salón de fiestas del Hotel Alto Calafate, de Néstor y Cristina, por seis meses seguidos.

Si los despachadores de nafta de Santa Cruz no tenían 180 hijas a punto de cumplir 15 años ni tuvieron un frenesí colectivo de casamientos masivos, lo que parece es una renta simulada para disfrazar un pago de coimas.

Debajo de la agenda “urgente” de los tarifazos, la marcha de la CGT “contra nadie” y la inflación galopante, el juicio avanza y les va quemando cartas a los vendedores de tiempo.

A Cristina no le interesa casi nada más.