La Corte Suprema de Justicia se prepara para fallar este martes sobre la demanda presentada por la Ciudad de Buenos Aires para defender las clases presenciales. El caso, que desató una puja política entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, arrancó luego de que el Presidente ordenara con un decreto cerrar las escuelas en el AMBA con la excusa de la pandemia de coronavirus.
El fallo, que ya está listo, respaldaría la autonomía porteña, aunque restará conocer los alcances de la medida una vez que se conozcan los detalles de la sentencia.
Hace dos semanas, la Ciudad presentó un recurso ante la Corte para defender la autonomía porteña y resistir el Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente que ordenó cancelar las clases presenciales en todos los niveles educativos. Ese mismo DNU, que hoy está sin efecto, fue reemplazado por otro este último sábado que mantiene la misma orden.
Este lunes, cuatro de los jueces de la Corte presentaron sus votos en la Secretaría de Juicios Originarios. Elena Highton de Nolasco se abstendrá porque ya consideró, cuando Horacio Rodríguez Larreta presentó el recurso, que no es competencia de la Corte involucrarse directamente en los diferendos entre la Nación y la Ciudad.
Según fuentes judiciales, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda dieron los mismos argumentos para fallar acerca de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Rosatti y Maqueda fueron convencionales constituyentes en Santa Fe, donde en 1994 se sancionó la reforma constitucional. En el artículo 129 -que apoyaron en ese momento ambos cortesanos- dice que «la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad».

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, en una de las reuniones que tuvieron en Olivos. El jefe de Gobierno porteño saldría fortalecido tras el fallo de la Corte.
Ricardo Lorenzetti y el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, también presentaron su voto en la Secretaría. Iría en la misma línea de defensa de la autonomía aunque podría contener argumentos diferentes.
La causa arrancó el 16 de abril y fue impulsada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la presentación, encabezada por el procurador porteño Gabriel Astarloa, le pidieron a la Corte que declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto 241/2021 del Presidente que suspendió las clases presenciales en el AMBA por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar.
La administración de Rodríguez Larreta sostuvo que ese artículo “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
Lo cierto es que ese decreto hoy no está vigente porque rigió hasta el viernes pasado. Pero la prohibición de dictar clases presenciales en el AMBA fue prorrogada por otro decreto presidencial, el sábado pasado.
La Ciudad, de todas maneras, mantuvo las escuelas abiertas con clases presenciales y optó por una modalidad mixta -virtual y presencial- para los secundarios para impulsar una reducción de la movilidad como pedía el Gobierno.