El diputado ultracristinista Leopoldo Moreau adelantó que promoverá la creación de una comisión investigadora parlamentaria para hurgar sobre las reuniones de dos jueces de la Cámara de Casación con el ex presidente Mauricio Macri, en un nueva jugada de la ofensiva K sobre la Justicia.

Por su parte, el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputada K Rodolfo Tailhade dijo que se profundizará “la investigación que ya se está llevando contra el juez Hornos” por sus visitas a la Casa Rosada pero además “debería abrirse una nueva contra el juez Borinsky”.

Moreau y Tailhade salieron a hablar ayer en sintonía con abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de Julio De Vido, Graciana Peñafort y Maximiliano Rusconi, el presidente del Consejo de la Magistratura y el dirigente K Diego Molea y medios oficialistas que lanzaron una maniobra contra los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Desde el cambio de Gobierno, Cristina promovió una ley para jubilar jueces y fiscales, modificar la ley del ministerio público fiscal y otras para tratar de mejorar su situación judicial que implica 8 procesamientos.

A esta nueva jugada, se suma la denuncia del empresario K Fabián De Sousa quien afirmó que ex funcionarios macristas presionaron para que la Justicia investigara una deuda de su empresa Oil Combustibles de 8 mil millones de pesos con la AFIP.

En esta causa, que investiga la jueza María Servini, se pidieron las llamadas telefónicas del ex asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón. Los K también tratar de probar supuestas conspiraciones por esas llamadas que incluyen cuestiones privadas y conversaciones con periodistas de Clarín y La Nación.

Así el consejero y juez de la Cámara Federal de San Martín Alberto Lugones aseguró a la agencia oficial de noticias Télam el Consejo “le pedirá explicaciones” a los jueces Borinsky y Hornos por asistir a la quinta de Olivos para reunirse con Macri durante la gestión de Cambiemos. Las entradas de los jueces quedaron registradas en forma oficial en la agenda de Macri.

En cambio, Lugones no dijo sobre otro juez de Casación, Alejandro Slokar quien mantuvo 24 comunicaciones secretas sólo en octubre de 2014 con el ex director de Reunión de la SIDE, Fernando Pocino, hombre de confianza de Cristina. Slokar fue el que armó el caso desde una presentación en ese tribunal donde la vicepresidenta quiere producir renuncias y colocar hombres de su confianza.

Durante las presidencias de Cristina Kirchner, la jefe de los fiscales Alejandra Gils Carbó y otros miembros de “Justicia Legítima” participaban de actividades oficiales en el marco de las campañas electorales K.

En el caso de Borinsky se trata de al menos 15 visitas a la residencia presidencial, realizadas entre 2016 y 2019. Mientras que Hornos tiene registradas dos visitas a la quinta de Olivos y seis ingresos a la Casa Rosada. Borinsky fue a jugar al tenis y Hornos mantiene una relación de amistad con Macri anterior a que llegar a la presidencia.

Lugones planteó que en el caso de que los magistrados en cuestión “no tengan explicaciones para dar, se avanzará” con los procedimientos previstos por el Consejo de la Magistratura.

“En el Código Procesal Civil dice que es causal de juicio político o de alguna sanción disciplinaria que habría que estudiarla en el momento en que el tema se plantee en el Consejo”, agregó el vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

Los operadores K se sorprendieron de que Macri se reuniera con periodistas y lo quisieron vincularon con su teoría del lawfare, como si los jefes de estado de todo el mundo no tuvieran relaciones profesionales con hombres de prensa.

Esta nueva jugada se suma a la del Operativo Puf con la cual Cristina Kirchner intentó voltear la causa de los Cuadernos de las Coimas e incriminar falsamente al ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

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