Las encuestas no le dan respiro al Gobierno. La percepción de la sociedad sobre la economía es mayoritariamente negativa, al igual que las perspectivas en esa materia para fines de este año, al tiempo que la imagen de la gestión presidencial de Alberto Fernández continúa mostrando los mismos niveles críticos que desde el último trimestre del año pasado, cuando a las desalentadoras consecuencias de la pandemia en la Argentina se sumaron la suba del dólar informal y el persistente incremento de la inflación.

Y una de las primeras encuestas de intención de voto luego de la oficialización de las nóminas de precandidatos para las primarias abiertas (PASO) del 12 de septiembre, concluida el 29 de julio entre 2500 personas y difundida anoche, no resulta favorable a los postulantes del Frente de Todos. Según Giacobbe & Asociados, las listas bonaerenses de Juntos, encabezadas respectivamente por Diego Santilli (20%) y Facundo Manes (13,9%), suman el 33,9%, contra el 25,7% de la lista kirchnerista, liderada por Victoria Tolosa Paz, aunque el universo de indecisos supera el 20% aún.

En la ciudad de Buenos Aires, sin proyectar el 7,5% de indecisos, las listas de Juntos por el Cambio para las PASO suman el 49,9%: la encabezada por María Eugenia Vidal llega al 33,5%, la de Ricardo López Murphy, al 11,1%, y la de Adolfo Rubinstein, al 4,9%. La nómina del Frente de Todos, con Leandro Santoro a la cabeza, alcanza el 23,3%.

Sin embargo, en el oficialismo se busca ver el vaso algo lleno antes que bastante vacío y sus dirigentes tratan de ilusionarse con datos que señalan que, al menos en los últimos dos meses, el rechazo a las políticas gubernamentales no se ha acrecentado, al tiempo que la imagen de algunos de los principales líderes de la oposición, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, habría experimentado un descenso en el último mes.

La apuesta del kirchnerismo es al Plan Aguantar en materia económica, a una lluvia de segundas dosis de vacunas contra el Covid-19 y a machacar a cada rato con menciones a Mauricio Macri. Así podría sintetizarse la estrategia de la coalición gobernante de cara al proceso eleccionario. A esas intenciones se suma un pilar construido por una unidad interna forzada, donde no se admiten las disidencias en público y que ha permitido que apenas en 6 de los 24 distritos del país haya competencia para dirimir las listas de candidatos a diputado y senador nacional, cuando Juntos por el Cambio tendrá luchas internas en 18 distritos.

Respecto del plan de vacunación, la llegada masiva de dosis, debidas en buena parte a los acuerdos con los laboratorios norteamericanos a los que el oficialismo se resistió durante tanto tiempo y a la importante donación del gobierno de los Estados Unidos, acelerará el proceso, a tal punto que el Gobierno confía en que, hacia el momento en que la ciudadanía vote en las primarias abiertas, el número de personas con dos dosis de vacunas, hoy algo inferior a 8 millones, se duplicaría.

Se trataría de un número aún insuficiente para aspirar a los niveles de inmunización necesarios que permitan enfrentar sin grandes riesgos el previsible aumento de contagios de la variante delta. Pero en el Gobierno se espera que el mayor porcentaje de población vacunada, por un lado, haga olvidar los errores iniciales en materia sanitaria y los escándalos derivados de la vacunación vip y, por otra parte, despeje algo el horizonte y contribuya a la reactivación económica.

Claro que la reactivación que pueda estar teniendo lugar como rebote frente a los paupérrimos niveles de actividad de un año atrás no llegará a trasladarse a los bolsillos de la gente para las PASO de septiembre, aunque tal vez sí pueda derramar algo hacia las elecciones generales de noviembre.

De cualquier forma, la mayor preocupación oficial pasa justamente por la economía. La posibilidad de que aumente fuertemente el consumo y de que el Banco Central mantenga controlado el dólar son verdaderas incógnitas.

En esas condiciones, el Gobierno está haciendo lo que puede para aliviar los bolsillos a costa de una profundización de un déficit fiscal que en los primeros cuatro meses del año había tendido a reducirse. Ahora, se recurre a una política de mayor expansión del gasto público y de emisión monetaria para financiar la ley de alivio fiscal para monotributistas y abonar un bono de 5000 pesos a jubilados o incrementar las obras públicas, como ocurre en todo período preelectoral.

No ha sido casual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzara hace 48 horas un nuevo régimen simplificado para el pago de impuestos que unificará el monotributo e Ingresos Brutos. Se trata de una medida de adhesión voluntaria, que eliminará las declaraciones juradas y los múltiples trámites, que podría beneficiar parcialmente a una de las porciones más golpeadas de la población, formada por sectores medios y medios bajos.

Aun así, la coalición gobernante deberá remontar una importante cuesta, a la luz de los indicadores de decepción que muestran los sondeos de opinión pública en una amplia franja de la sociedad.

Lo corroboran recientes datos del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Si bien se refiere exclusivamente a 1300 consultas efectuadas en la Capital Federal, su última encuesta online geolocalizada, realizada entre el 1° y el 4 de agosto, da cuenta de la consolidación de una percepción absolutamente negativa sobre la economía del país.

Según este sondeo, el 78% tiene una visión negativa sobre la economía (48% la califica como muy mala y 30% como mala), en tanto que solo el 4% tiene una percepción buena y el 18% restante una regular.

Respecto de la situación social, el 70% tiene una percepción negativa (41% muy mala y 29% mala), mientras que apenas el 8% tiene una mirada positiva.

Mejora algo la visión sobre la situación sanitaria del país, ya que el 53% tiene una percepción mala o muy mala, contra el 19% que la califica de manera positiva.

Las perspectivas no son mejores a los ojos de la opinión pública. Seis de cada diez consultados por el OPSA creen que la situación económica y social empeorará aún más de aquí hasta fines de año.

La gestión del gobierno de Alberto Fernández es evaluada en forma negativa por el 67% de la población porteña, en tanto que el 33% la juzga positivamente.

Dentro de tan mal panorama económico, otra encuesta nacional, realizada por D’Alessio Irol y Berensztein entre 1316 consultados mediante una plataforma online durante julio, señala que la opinión pública registra un horizonte menos negativo para 2022 que en los últimos meses. Si bien el 63% considera que la situación económica del país es hoy peor que un año atrás, al preguntarse cómo supone que estará dentro de un año, el 55% responde que estaremos peor, pero el 41% opina que estaremos mejor. Estos niveles se encuentran en niveles semejantes a los del inicio de este año y algo menores que entre abril y junio.

Según D’Alessio Irol-Berensztein, la evaluación crítica de la gestión de Alberto Fernández se mantiene con escasas fluctuaciones desde octubre último. Actualmente, su imagen buena o muy buena se ubica en torno del 41%, mientras su imagen mala o muy mala ronda el 59%.

Mas lo cierto es que nada menos que el 86% de la población encuestada considera a la inflación como uno de los temas que más preocupan a la sociedad y es este el problema que más afecta el ingreso de las familias. Y por más brazos pinchados contra el coronavirus que puedan contabilizarse, si los bolsillos siguen vacíos, las chances electorales del oficialismo tenderán a debilitarse.