Marcela Losardo no está agobiada por tener que aclarar sus contactos con el fiscal Carlos Stornelli. Está agobiada por la política de desgaste a la que la sometió el cristinismo desde casi el arranque del Gobierno.

El presidente Alberto Fernández confirmó la primicia de Clarín del sábado pasado en el sentido de que se le va del Gobierno uno de sus alfiles más preciados, pero lo explicó con argumentos que se chocan contra la realidad.

“Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce a Stornelli. No tiene ni el teléfono de Stornelli. Y de repente verse envuelta en semejantes cosas es algo que, para alguien que no viene de la política, es desgastante”, dijo el jefe de Estado.

Pero en, realidad, la erosión provino del cristinismo. El apoyo al fiscal de los Cuadernos de las Coimas es previo al nombramiento de Alberto como candidato a presidente del Frente de Todos. Y tiene que ver con la misma consideración que el presidente tenía de Stornelli, antes de que, a principios de 2019, Cristina lanzara el Operativo Puf. Eran tiempos en que Alberto invitaba a Stornelli a tomar café en el estudio de Callao 1960 que hace 20 años comparte con Losardo.

Todo cambió después del discurso del presidente del 1° de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Fue por las palabras de Alberto, según las cuales, la Justicia “parece vivir en los márgenes de la democracia”. Losardo comprendió ese día que no quedó lugar en el Gobierno para los matices sobre cómo defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner por los ocho procesamientos que tiene. Una cosa es hacerlo desde el derecho y otra desde la política sucia.

Losardo, desde que asumió, mostró un perfil moderado respecto de la relación con la Justicia y, también dejó en claro, que no quiere hacer el “trabajo sucio” que implica la nueva etapa que quiere Cristina de su confrontación con la Justicia.

Hace dos semanas mostró lo máximo que podía hacer con un hilo de tuits en que criticaba al fiscal Stornelli y, por primera vez, hacía suyo sin mucho entusiasmo, el relato del lawfare.

Pero el presidente pidió en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso una inédita “comisión bicameral de control cruzado” de la Justicia, a medida de los deseos de Cristina.

Al día siguiente, Losardo explicó que sería “inconstitucional” si la comisión sirviera para sancionar o echar jueces. Estas funciones, contó con tono didáctico y nada político, corresponden al Consejo de la Magistratura para los jueces y del Congreso para los miembros de la Corte. Ahí mostró sus límites y vació de contenido a la comisión que fomentan Oscar Parrilli y Graciana Peñafort.

En cambio, otros “talibanes” de Cristina, como Leopoldo Moreau, anunciaron que harán una denuncia de “un plan sistemático” de persecución contra Cristina que, a su criterio, incluye por ejemplo al miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y otras medidas más para el resto de los miembros de la Corte, atacados uno por uno en la carta de la vicepresidenta de diciembre pasado.

El desgate del cristinismo empezó con imponer al ex número dos de la AFI como su segundo, el control del Servicio Penitenciario Federal y la humillación de no ser consultada por el bloque de senadores cuando le cambiaron el sentido al proyecto de reforma judicial que había enviado al Congreso. Moreau, un adláter de Cristina, lo dijo con todas las palabras de la batería de medidas contra la Justicia: Losardo solo defendió en público la candidatura del juez Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.

Cuando se le preguntó al presidente Fernández si conocía al diputado Martín Soria (hijo del fallecido Carlos Soria, exgobernador de Río Negro) y a Ramiro Gutiérrez, contestó: “Sí, los conozco a los dos, son personas prestigiosas. Hay que ver. Tenemos que ver cómo resolverlo. Como corresponde, obviamente, a todos los salpican antes de empezar a hablar, ¿no?”.

En la elección del sucesor de Losardo, Alberto mostrará también su grado de independencia de Cristina.

Martín Soria tiene el perfil indicado para la etapa sucia que se avecina, de confrontación contra la Justicia. No solo por sus posteos con frases como “lawfare al palo” o “Comodoro PRO”, sino por haber puesto la firma en las últimas denuncias del Instituto Patria. Desde las presiones macristas a la jueza de Casación Ana Figueroa hasta el “delito” de su colega Gustavo Hornos de visitar oficialmente la Casa Rosada para reunirse con Macri. Para el cristinismo que Amado Boudou haya asistido al cumpleaños 73 del entonces miembro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, no era un delito sino un acontecimiento social. Como tampoco que De Vido haya regalado televisiones y computadoras a jueces del máximo tribunal de Casación.

Soria, en la última sesión, presentó una cuestión de privilegio para apuntar contra el Poder Judicial. La calificó de “rancio, corrompido y sin rastro de independencia ni imparcialidad”.

En cambio, de Gutiérrez se sabe que proviene del sector del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y que Cristina en el 2016, en la famosa conversación en que trató de “pelotudo” a Parrilli había dicho que había que “embocar” al entonces líder del Frente Renovador. Habrá que ver, con la elección del futuro ministro de Justicia, el margen de negociación que le queda al presidente dentro del Frente de Todos.

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