La Justicia confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por usar aviones oficiales para llevar muebles a El Calafate

Lo decidió la Cámara Federal y se habló de un “esquemade corrupción estatal”. Es porque usaba la flota oficial cuando era presidenta para llevar mobiliario a sus hoteles.

La Sala I de la Cámara federal porteña confirmó por unanimidad el procesamiento por peculado contra Cristina Kirchner por haber utilizado aviones de la flota presidencial, cuando era presidenta, para el traslado de muebles para sus hoteles en El Calafete. En la resolución remarcaron que la vice “utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.

Por otro lado, el camarista Mariano Llorens se refirió a una “falta de ética” por haber utilizado el mismo medio de transporte para llevar diarios al sur y pidió que todas las causas penales contra la vice, se miren desde “una perspectiva integral y conjunta (…) que pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015″.

La decisión de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia se dio luego de que la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, les pidiera que vuelvan a pronunciarse. Es que el abogado de la vice, Carlos Beraldi, había rechazado la confirmación del procesamiento con un tecnicismo. Consideraba que la Cámara de Apelaciones omitió tratar su reclamo de nulidad de la investigación y que no fue tratada.

Cristina Kirchner quedó acusada como partícipe necesaria del delito peculado (es decir usar bienes del Estado para beneficio personal), al trasladar muebles al sur, de “el T- 01, 02, 03, a partir de 2012 T- 04, y el T-10 de la Fuerza Aérea Argentina”.

Se comprobó que de 2003 a 2015 ese movimiento de aviones oficiales, habría costado unos 600.000 dólares al Estado.

En la resolución a la que accedió Clarín se sostuvo: “Los testimonios y las pruebas conforman un cuadro probatorio sólido y suficiente que, resultan suficientes para afirmar la utilización de los aviones pertenecientes a la flota presidencial, para fines privados y/o particulares, vinculados al traslado de muebles, artículos de decoración, cables y otros elementos, cuyo destino final era la ciudad de El Calafate, ciudad en la que se sitúan los hoteles de propiedad de la familia Kirchner“.

Se indicó que por su calidad de Jefe de Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Cristina Kirchner “estaba por sobre cualquier autoridad para disponer de los bienes en cuestión. Tanto ella, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional” ​y que tal comportamiento “permite tener por acreditados” los hechos investigados.

El hotel Los Sauces, una de las propiedades a las que Cristina Kirchner llevaba muebles con los aviones oficiales.El hotel Los Sauces, una de las propiedades a las que Cristina Kirchner llevaba muebles con los aviones oficiales.

En este sentido, el juez Bruglia indicó en su voto que la ex Presidenta “utilizó el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar muebles, ropa de blanco y otro tipo de enseres, que no tenían una utilidad relacionada con la función pública que desempeñaba la nombrada como primera mandataria, comparto las razones que conducen a su procesamiento.

En ese mismo sentido consignó que “Cristina Fernández utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública, incurriendo en una conducta merecedora de reproche penal” que se le atribuye en este expediente.

El juez Mariano Llorens ,en tanto, agregó que “la carga y la estiba de los aviones-, se vieron contrarrestados a partir de la omisión de consignación de la clase de elementos trasladados para los hoteles pues, esa información no fue consignada en las órdenes de transporte aéreo (OTA), que sólo se limitaban a indicar el peso de la carga transportada. Esto evidencia una omisión deliberada orientada a ocultar la descripción real de las cargas despachadas”.

Sin embargo, se realizó una distinción: el peculado se consideró por “trasladar muebles” que tenían como destino los hoteles de la ex presidenta y no los diarios. La discusión se centró en el uso de los aviones para el traslado de muebles.

Fue el camarista Llorens quien indicó que “para desterrar este tipo de prácticas ilegítimas” se recomienda “un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-“.

Por ese motivo, reiteró la necesidad de imprimir “una mirada global” de los casos de presunta corrupción en los que se investiga a Cristina Kirchner y sin el acompañamiento de Bruglia y Bertuzzi planteó que sobre Cristina Kirchner “se deberá analizar para asegurar las medidas de cautela personal el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional“.

Ley de fueros y “falta de ética”

El juez Llorens en su voto añadió que el uso de los aviones para trasladar diarios cuando permanecía en Santa Cruz, no califica como delito penal pero sí corresponde que dicha conducta sea analizada como un “grave falta ética” y pidió que se analice “si no corresponde dar inicio a un juicio político” por dicho comportamiento.

“La utilización de la flota aérea presidencial para recorrer los 2.500 Km. aproximados que nos separan de Río Gallegos o El Calafate, con el único propósito de acercarles los periódicos del día a los ex Presidentes en los fines de semana que allí se encontraban, no estaban eximidos de un reproche ético“, se indicó.

Bajo ese mismo criterio se acusó a la vicepresidenta de “quebrar la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública”. Se habló de un “enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

En este punto el juez Bertuzzi consideró necesario profundizar la investigación, sobre el uso para el traslado de diarios, que “permita evaluar el contexto en el cual dicho comportamiento habría sido desplegado, ello con el fin de ponderar la entidad de la maniobra y así establecer su eventual relevancia jurídico penal, por lo cual debería profundizarse la investigación en ese sentido”.

En otro tramo de sus argumentos pidió que dada la gravedad de los hechos, que profundice las medidas cautelares. “Se imponen la obligación de examinar la posible configuración de riesgos procesales en el marco de este legajo y, en su caso, el estudio en torno a la conservación de los fueros derivados de la función con la que los imputados fueron investidos”, dijo el camarista Llorens.

Sin el acompañamiento de sus pares en este punto, el juez sugirió al juez de instrucción que evalúe las medidas cautelares impuestas a la vicepresidenta ya que “los sucesos adjudicados representan delitos constitucionales- más precisamente, atentados contra el sistema democrático”.

El reclamo de la vicepresidenta

La queja de Cristina Kirchner es que el ex juez Claudio Bonadio “no tenía que investigar el caso”. El expediente tuvo origen después de que el fallecido juez le tomó testimonio como arrepentido en el caso Cuadernos a Sergio “El Potro” Velázquez -ex piloto de la flota presidencial. Bonadio , con esas declaraciones, realizó lo que se conoce como “Extracción de testimonio” para que se dé inicio a una nueva causa.

La vicepresidenta sostuvo en su reclamo que Bonadio no debía investigar el caso sino que se tenía que sortear y quedar en manos de otro magistrado. En cambio, Bonadio se la quedó por una cuestión de conexidad.

Al analizar estos argumentos, la Sala II de la Cámara de Casación integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, le dieron la razón a la vicepresidenta. Por ese motivo ordenaron “anular la resolución por arbitrariedad”, dejando sin vigencia el procesamiento por peculado.

Con la resolución anulada, la Cámara de Apelaciones volvió a revisar el caso. No sólo confirmó que el fallecido juez Bonadio intervino correctamente en el expediente, sino que volvieron a señalar que Cristina Kirchner era responsable del delito de peculado de uso, es decir, utilizó bienes del Estado para beneficio personal.

Así fue que los jueces Bertuzzi, Llorens y Bruglia coincidieron al confirmar que “hay elementos suficientes para corroborar que la ex Presidenta fue responsable del delito de peculado en carácter de partícipe”, al haber “utilizado con fines indebidos los aviones asignados a la Agrupación Aérea presidencial”.

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