Pese a la feria judicial, la Justicia avanza rápidamente en la investigación contra Victoria Donda, por ofrecerle un cargo en el INADI o un plan social a su empleada doméstica para que renuncie. Esta semana la AFIP envió un informe al juzgado federal de Sebastián Casanello, sobre los pagos realizados por la funcionaria a Arminda Banda Oxa durante los años en que la tuvo “en blanco”; mientras que su abogado penalista ratificó la denuncia y, al día siguiente, declaró como testigo su abogado laboralista Osvaldo Barsanti.

Con la ratificación de la denuncia, por parte del abogado Fernando Zarabozo, la presidenta del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) quedó formalmente imputada por el fiscal Eduardo Taiano por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.

La causa se maneja en estricta reserva y los abogados decidieron bajar la alta exposición mediática de los primeros días, pero Clarín pudo saber que “la investigación apunta a corroborar la denuncia y ver si realmente hubo delito de Donda o no”, dijeron fuentes judiciales. Por eso, se ratificó la denuncia y la tramitación de la causa continuará la semana que viene, cuando regrese el titular de la fiscalía Guillermo Marijuan, quien “determinará cómo avanza la investigación”, agregaron las fuentes judiciales.

Se supo que al testigo Barsanti le mostraron un detallado informe de la AFIP, para que el abogado laboralista certifique en sede judicial desde cuándo trabajaba Banda Oxa con Donda, cuánto le pagaba realmente y qué trabajo en el Estado le ofreció la funcionaria para dejar el empleo en su casa particular.

Con los elementos de prueba que ya hay en la causa judicial, una de las medidas que tomaría el fiscal Marijuan sería citar a indagatoria a la titular del INADI, para que se defina su situación procesal.

La denuncia “por hechos de corrupción” fue presentada por el abogado penalista de Banda Oxa, Fernando Zarabozo, quien planteó que la empleada doméstica trabaja desde el año 2007 con la titular del INADI, quien pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, “intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”, según la denuncia presentada por Zarabozo.

Allí el abogado de la empleada doméstica mencionó un audio, en el que Donda le dijo: “Sí claro yo lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo por ahí podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso… renunciás, porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso… mi novio que entiende… Y entiendo también que necesites la plata. Los planes están cobrando más o menos unos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”, decía Donda en el audio transcripto en la denuncia de Zarabozo, a la que accedió Clarín.

Además, el abogado incluyó en la denuncia mensajes de texto, donde la funcionaria le insistió: “Decime que querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI”.

“Esta cadena de mensajes demuestra como la Sra Victoria Donda utiliza la influencia y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función para resolver sus cuestiones particulares de su esfera privada, para tratar de resolver sus incumplimientos personales como empleadora y para tratar de minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue registrada regularmente desde hace muchos años”, sostuvo el abogado.

“Sin perjuicio que el presente caso es un caso individual, las condiciones con que se maneja la Sra Donda y la impunidad con la que actúa nos da cuenta que se trata de una mecánica habitual en la forma de administrar los recursos públicos”, concluyó el abogado Zarabozo la denuncia judicial.

Ante la consulta de Clarín, cuando estalló el caso, la funcionaria dio por válidos los audios y mensajes de texto presentados por el abogado Zarabozo. Reconoció los ofrecimientos de un plan social y un contrato en el INADI, aunque le quitó el carácter delictivo a su accionar. Sostuvo que la empleada trabaja con ella desde el año 2016, que la tenía “en blanco” y que “como me dijo que quería renunciar, porque le dolía el brazo, entonces le ofrecí ingresar en el INADI o en algún plan social”.

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